de oficinas de integridad en las distintas entidades públicas encargadas de implementar programas de integridad basados en riesgos. En Chile, ya en 2016 se habían introducido códigos de conducta en las entidades públicas y estos siguieron elaborándose e implementándose en el Ejecutivo, buscando con ello una mayor cobertura. También, en la Dirección Nacional de Servicio Civil (DNSC) se han seguido instalando formalmente los comités de integridad en un gran número de entidades públicas del Ejecutivo, aunque con desafíos a la hora de asignarles un rol que fortalezca el liderazgo ético y la gestión de una cultura de integridad en cada institución. En Colombia, el desafío de los últimos años ha sido corregir distorsiones que dan lugar a la debilidad de la carrera administrativa, mediante la regularización de la situación del personal transitorio a través de concursos públicos. Sin embargo, también ha habido algunos cambios en el período de la pandemia y a raíz de ella. En el caso de Brasil, la CGU comenzó a prestar atención a la vulnerabilidad en el sistema de compras públicas, tomando a la crisis como un ejemplo. Esta entidad se encuentra reflexionando sobre las lecciones aprendidas de la emergencia y, como producto de dicha reflexión, está programando para 2021 una planificación basada en riesgos y el apoyo a una entidad pública que aborde el desafío del liderazgo ético en la administración pública. Ya se ha identificado al Ministerio de Agricultura como una entidad pública de amplio alcance, a la cual apoyar en la generación de una cultura de ética. En Costa Rica, desde 2018 a la fecha se ha producido un cambio en la discusión pública y se ha comenzado a hablar del empleo público y sus desafíos. A finales de 2019, el Gobierno convocó a diversos actores a elaborar una estrategia de transparencia y anticorrupción, la que ha dado lugar a un plan nacional de integridad y prevención de la corrupción que se dará a conocer en el primer trimestre de 2021. En estos casos, la pandemia ha sido un factor adicional para una reflexión y un mayor desarrollo de políticas de integridad en el servicio civil. En materia de capacitación, la pandemia impidió a las entidades responsables realizar las actividades tradicionales de capacitación y las empujó a cambiar sus estrategias y a basarse en herramientas digitales. Luego de un corto período de aprendizaje, las entidades de la mayoría de los seis países consultados han logrado un mayor alcance nominal de personal capacitado y han superado muchas veces sus metas establecidas. Pero debe constatarse también que los datos de cobertura siguen siendo insuficientes, tomando en cuenta el universo de personal que debería ser capacitado y el desafío creciente de liderazgo ético en el curso de una pandemia. Cultivando una Cultura de Integridad en el Servicio Civil en Tiempos de Crisis 31