ONSEJO REGIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES C 6.1.1. Antecedentes El debate entre la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia deliberativa tienen larga data en el mundo, en el siglo XXI se hace necesario entender que “si un régimen es democrático, pues, hace falta encontrar en él algo más que elecciones libres y partidos políticos” (Merino, 2019, pág. 46), la distancia entre ciudadanía y el poder político representado en el estado es cada vez más grande. Existe una percepción de que el aprovechamiento personal o de grupo está antes que la búsqueda del bien común, es por ello que se hace necesario “que en ese régimen (democrático) haya otras formas (más allá del voto) de controlar el ejercicio del poder concedido a los gobernantes” (Merino, 2019, pág. 47). Es así que la participación se convierte en un principio, acunado por los teóricos de la democracia liberal que sostienen “puesto que el proceso democrático maximiza los alcances factibles de la autodeterminación para quienes están sujetos a las decisiones colectivas, también respeta al máximo la autonomía moral de todos aquellos que son sujetos de sus leyes” (Dahl, 2002, pág. 91). Se justifica la participación ciudadana desde el derecho político del individuo y el control al estado y la gestión de los gobernantes. Conge, propone la siguiente definición de la participación política: “acción colectiva o individual a nivel nacional o local que apoya o se opone a las estructuras estatales, autoridades, y/o decisiones relativas a la distribución de los bienes públicos. Tres aspectos de la definición deben ser enfatizados. Primero la acción puede ser verbal o escrita. Segundo, puede ser violenta o no violenta. Tercero, puede ser de cualquier intensidad” (Conge, 1988, pág. 247).. Es rol del estado el promover la participación ciudadana, en sus diferentes modalidades (organizada, institucional, individual, etc.), más allá de la participación electoral, “la comprensión de la participación busca subrayar que las instituciones tienen un papel crucial en la creación de incentivos y oportunidades para distintos tipos de participación” (Cordourier, 2015, pág. 601). En el Perú, recuperada la democracia, el gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua, implementó reformas, para promover la participación ciudadana en la gestión pública, que fueron desarrollándose normativamente en los subsiguientes gobiernos. Se crearon espacios de concertación como los Consejos de Coordinación Regional, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, el Acuerdo Nacional, espacios temáticos y se abrió la participación en los procesos de toma de decisiones presupuestales como son los Presupuestos Participativos, aunque sólo a nivel sub nacional (regiones, municipios provinciales y municipios distritales).