que es muy difícil para una o un funcionario público oponerse a contratación y en su duración; y esta discrecionalidad afecta en las decisiones u órdenes de sus superiores, aun cuando éstas distinto grado la meritocracia en las administraciones públicas y pudieran ser eventualmente ilegales. Esta información coincide en la alta dirección. Este desafío ha sido constatado por la OCDE con las insistentes recomendaciones del MESICIC, orientadas al señalar que: a que los Estados establezcan al menos un marco jurídico y mecanismos que proporcionen protección a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe “En la región, la alta rotación de personal en el actos de corrupción por la vía administrativa y penal. Los casos de servicio civil es más la norma que una excepción y compras indebidas, con sobreprecios o corrupción en el contexto está favorecida por su elevada dependencia de los de crisis muestra que los controles internos pudieron haber fallado ciclos políticos. La encuesta a expertos en calidad de y que parte importante de esa falla es el factor humano, pues la gobernanza (...) confirma el alto grado de politización presión que ejercen personas externas o funcionarios públicos de la administración pública en América Latina que, poderosos es capaz de afectar negativamente la voluntad del en promedio (3,0), se percibe por debajo del promedio funcionariado subalterno para mostrar sus objeciones legítimas del G20 (4,4) y de la OCDE (4,6). De hecho, incluso o hacer incluso ineficaz su actividad de control y la denuncia. los países con calificaciones más altas, Brasil y Costa Rica, obtienen puntuaciones por debajo de la media del Algunos entrevistados hicieron ver que la percepción pública G20 y de la OCDE (Figura 3.3). Este es un indicador del sobre el Estado en general es negativa y que afectaría el clima grado en que la política y/o la afiliación política influyen organizacional de las entidades, ya que socializa una percepción sobre la contratación en el servicio civil, lo que afecta externa en el medio interno, lo cual afecta la imagen que los su profesionalización y puede llevar al clientelismo propios funcionarios tienen sobre las entidades donde se y favoritismo, socavando la lealtad hacia el público desempeñan. La mala percepción interna favorece una creencia y dirigiéndola hacia el partido o el «patrón» en el en la conveniencia de tomar decisiones oportunistas y socava poder. La elevada tasa de rotación de personal puede la integridad institucional desde la base. Por otra parte, los amenazar la estabilidad de la gestión y la continuidad mismos funcionarios públicos, quienes conocen a sus entidades necesaria para llevar a cabo las reformas.” por dentro, pueden tener una mala impresión de sus entidades y jefaturas. La encuesta efectuada por la Contraloría General La pérdida de confianza en las instituciones tiene una de sus de la República de Chile sobre 16.000 personas muestra una raíces en esta práctica arraigada en las administraciones públicas percepción preocupante sobre la corrupción en el Estado. De latinoamericanas. En la mayoría de los seis países consultados acuerdo con esta encuesta, las áreas en las que existiría una para esta nota, se constata una alta influencia de los cargos de mayor corrupción serían las compras públicas (71,8 %) y la designación política para contratar personal discrecionalmente, contratación de personal (65,3 %). Pero lo más llamativo es que el lo que produce alta rotación de personal, debido al cambio 31 % de las personas encuestadas fueron funcionarios públicos. de tales cargos (como ocurre en Perú), una acumulación de Detrás de estas percepciones puede existir la creencia de que personas con empleo precario (como en Chile) o en permanente los sistemas de toma de decisión y los procesos, por ejemplo, de transitoriedad (como en Argentina), una recurrencia a figuras compras públicas ante una emergencia, son vulnerables y que de subcontratación/externalización de labores (como ocurre las reglas pueden torcerse si se tiene suficiente poder. en Colombia) o incluso una carencia de protección frente a los despidos por motivos políticos. b. Existe una tradicional falta de voluntad política de las autoridades gubernamentales para auto limitar su c. Para contar con un mejor desempeño de integridad discrecionalidad para contratar personal. de las entidades públicas, resulta necesario fortalecer sus capacidades para una respuesta ética. Las y los expertos consultados constatan una realidad en las contrataciones públicas de sus países: persiste una Hoy en día las instituciones públicas y los Gobiernos están fuerte influencia de las autoridades políticas en la decisión de sometidos a un escrutinio público mayor que hace unos años; y Cultivando una Cultura de Integridad en el Servicio Civil en Tiempos de Crisis 42