la sensibilidad de la ciudadanía ante la sospecha de corrupción Pero para llegar a ese punto, el informe de la OCDE identificó que se acentúa en medio de una epidemia. Las entidades se han los países latinoamericanos presentan tres obstáculos usuales: encontrado en un escenario de mayor urgencia, pero también (a) una falta de conocimiento de los servidores públicos en las de discrecionalidad en sus decisiones, incentivos para ser más diversas entidades acerca de la existencia de normas, políticas o opacas, a la vez que bajo una fuerte demanda de rendición de directrices sobre gestión de riesgos; (b) una falta de comprensión cuentas por los resultados de sus decisiones y por el uso de los de los procesos y utilidad de la gestión de riesgos; y (c) una recursos públicos para atender la emergencia. desvinculación entre los encargados de la función de gestión y la función de identificación y evaluación de riesgos, como si se En suma, las instituciones públicas se han encontrado frente a tratara de dos funciones separadas. un riesgo altamente probable de denuncia pública y escándalo. Para responder a este riesgo, se requieren capacidades técnicas La falta de conocimiento depende en gran medida de la y políticas, pero también capacidades institucionales para la existencia de un sistema de información apto para comunicar integridad. Los escándalos de corrupción en algunos países, las reglas y lineamientos para la gestión pública y un ambiente como Argentina, Brasil, Perú o Colombia, han mostrado que organizacional apto para su adopción. La falta de comprensión seguramente fallaron los controles internos e incluso el importante dependerá usualmente del nivel de capacidades institucionales tono desde la cúpula, pero también muestran que las entidades y de la formación del personal operativo y supervisor. La públicas sometidas a acusaciones no siempre han tenido la desvinculación, en muchos casos, parece estar asociada a capacidad para anticipar y responder a riesgos de integridad. En la baja sensación de pertenencia de la función de gestión de los casos de sobreprecio, no parecen haber tenido la capacidad riesgos a las obligaciones propias del cargo de los funcionarios institucional para evaluar el riesgo, advertir oportunamente las públicos. Todos estos son aspectos que forman parte de una consecuencias de sus decisiones, informar a la ciudadanía a labor ineludible de todo Estado respecto de sus funcionarios: la tiempo y rendir cuentas satisfactoriamente, mitigando así la debida información e instrucción sobre las normas que los rigen sospecha de corrupción. En los casos de clara corrupción, los y las expectativas sobre su desempeño, incluido el desempeño controles institucionales, e incluso interinstitucionales, han sido ético, todos estos aspectos en los que la CICC ha comprometido sobrepasados por decisiones de funcionarios públicos que no a los Estados Parte y que los Gobiernos han promovido como han encontrado contrapeso en su ámbito de actuación. En ellos seguimiento al Compromiso de Lima. no ha habido capacidad alguna de la entidad para oponerse a su gestor. Pero la insuficiente capacidad para gestionar los riesgos de corrupción también obedece a la insuficiencia de los sistemas Algunos entrevistados han señalado la importancia de aumentar la para profesionalizar la gerencia pública y disminuir la alta capacidad institucional de identificación de riesgos de corrupción. rotación de personal. La alta dirección, seleccionada en base a En la mayoría de los países de la región se ha introducido la competencias y mérito, cuenta con mayores capacidades técnicas noción de gestión de riesgos en las entidades públicas; y esos para comprender el desafío de la gestión pública y de la gestión países cuentan con estados diversos de desarrollo en materia de riesgos de fraude y corrupción. Por otra parte, sistemas de de gestión de riesgos. Más aún, Canadá y Estados Unidos contratación que limiten la discrecionalidad de la autoridad para cuentan con fuertes y prolongados desarrollos en este sentido; seleccionar o despedir funcionarios y que garanticen condiciones y en Latinoamérica al menos Brasil, Chile, Colombia y México de estabilidad razonables promueven mayor libertad individual cuentan con principios y prácticas específicas para gestionar y mayor capacidad de la administración para contrapesar los riesgos de integridad y fraude. legítimos objetivos gubernamentales mediante controles que aseguren el uso de medios legítimos para la implementación de De acuerdo con el estudio sobre integridad pública en América políticas respetuosas de la ley. Latina con respecto a la gestión de riesgos, incluidos los de corrupción y de fraude, uno de los tres desafíos más importantes Las entidades públicas también pueden fortalecerse promoviendo de los países en la materia es lograr que la administración una cultura y mecanismos de denuncia responsable y de rendición se apropie de la gestión de riesgos. Quien debe identificar y de cuentas oportuna de los servidores públicos y autoridades. gestionar los riesgos, incluso aquellos de fraude y corrupción, En este aspecto, varios entrevistados entregaron valiosos datos es el gestor público; y la mejor muestra de una adecuada sobre denuncia de ciudadanos en la pandemia, pero pocos comprensión y asimilación de la gestión de riesgos es que la pudieron dar datos relevantes sobre la denuncia de corrupción información sobre riesgos sea utilizada de manera continua para por parte de funcionarios públicos en sus entidades. Si bien los la toma de decisiones de gestión por la administración. funcionarios públicos son informantes calificados en casos de Cultivando una Cultura de Integridad en el Servicio Civil en Tiempos de Crisis 43